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Ninguna autoridad debe tolerar la violencia de género, afirma consejera 

En entrevista, resaltó que si queda una lección clara del pasado proceso electoral 2017-2018, es que “todas las autoridades del Estado deben tener tolerancia cero a la violencia”
Por: Notimex El Día Domingo 07 de Octubre del 2018 a las 16:29

La presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Zavala Pérez
Autor: Isabel Rendón
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México, (Notimex).- La presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE),  Claudia Zavala Pérez, afirmó que las autoridades deben ser muy contundentes y aplicar cero tolerancia a la violencia de género.

En entrevista, resaltó que si queda una lección clara del pasado proceso electoral 2017-2018, es que “todas las autoridades del Estado deben tener tolerancia cero a la violencia”.

Lo anterior, conforme al seguimiento al “Plan de Trabajo de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política en el marco del Proceso Electoral 2017-2018".

La consejera electoral indicó que contra la violencia política se deben asumir las consecuencias graves cuando queda probado que la hubo, más allá de la razón de género y señaló: “Me parece que la perspectiva del Estado debe tender a eliminar cualquier factor que implique violencia en la contienda electoral".

“Una democracia no se entiende si no se siguen las reglas del juego, y tampoco si no la llevamos en paz, porque precisamente esa es la esencia de la democracia. La esencia de la democracia es que nosotros tengamos la perspectiva de nuestro orden social, nuestra paz social, para eso están las reglas, para eso está todo el modelo”, añadió.

Recordó que en diferentes estados y comunidades de la República, como en Chiapas, se han presentado violencia política de género contra las mujeres que lograron el triunfo electoral en sindicaturas y regidurías, y no las han dejado tomar posesión de esa responsabilidad.

Sin embargo, por fortuna en la jurisdicción se establece la norma que el tema de protección y garantía de derechos electorales no solo es durante la contienda electoral, sino también al momento de acceder al cargo y durante el ejercicio del mismo.

“Existen las vías legales para que se hagan los planteamientos de violación de derechos políticos electorales y se generen las consecuencias, evidentemente la garantía de esos derechos que han sido vulnerados al impedir que síndicas y regidoras rindan las protestas de su cargo debe de ser reparada, y para eso existen las vías”, explicó.

Informó que no se ha regulado un catálogo de sanciones por violencia política de género, sin embargo, en materia electoral se ha avanzado, por ejemplo, se reconoció que la violencia de este tipo y de género constituye una infracción que se sanciona cuando se ve quien es el responsable.

De acuerdo con el Informe de Violencia en el Proceso Electoral 2017-2018, se tomó en consideración el número de procedimientos presentados ante la UTCE, así como los asuntos registrados por los órganos desconcentrados, el INE tuvo conocimiento de 31 asuntos relacionados con violencia política de género (VPG), de los cuales solamente un Procedimiento Ordinario Sancionador (POS) queda pendiente de resolver.

Explicó que en términos de lo señalado, en el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las mujeres en razón de género, así como en la “Ruta crítica en el Instituto Nacional Electoral para la recepción y atención de quejas en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género”, la UTCE remitió, de manera inmediata, copia del escrito de queja a diversas instancias.

Dichas copias se enviaron a la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

También a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, al Instituto Nacional de las Mujeres, y a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas.

 

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